El incentivo de servicios de exportación de Puerto Rico — el Capítulo 3 del Puerto Rico Incentives Code (Act 60-2019, el Código de Incentivos de Puerto Rico), sucesor de la antigua Act 20 — es la razón por la que tantas firmas de consultoría, empresas de software, agencias y otros negocios de servicios han establecido operaciones en la isla. Un negocio que opera desde Puerto Rico y atiende a clientes fuera de Puerto Rico puede solicitar un decreto de exención contributiva que, por lo general, fija una tasa uniforme del 4% de impuesto sobre ingresos de Puerto Rico durante 15 años. Así es como funciona realmente el programa, con información vigente a julio de 2026.
Los beneficios principales
- 4% de impuesto sobre ingresos de Puerto Rico sobre el ingreso neto de servicios de exportación elegibles — en comparación con las tasas regulares de Puerto Rico, que pueden llegar al 37.5%.
- Exención del 100% sobre dividendos o distribuciones de ganancias pagadas con cargo a ese ingreso del decreto a propietarios residentes de Puerto Rico.
- Exención del 75% de los impuestos sobre la propiedad aplicable a la propiedad utilizada en la operación exenta, y una exención del 50% de las patentes municipales.
- Un decreto con vigencia de 15 años, renovable por otros 15 años si el negocio se mantiene en cumplimiento.
La orientación de los profesionales en la materia también describe una tasa reducida del 2% durante los primeros cinco años para operaciones más pequeñas — por lo general, aquellas con un volumen de negocios anual de $3 millones o menos (el umbral es el volumen bruto, no el ingreso neto).
La enmienda de 2026 a la Act 60 — la Act 38-2026, firmada el 10 de marzo de 2026 — no cambió el programa de servicios de exportación. Reescribió el capítulo del inversionista individual para futuros solicitantes; la tasa empresarial del 4% y la exención sobre dividendos quedaron totalmente intactas. Los detalles están en nuestro artículo complementario sobre lo que cambió la Act 38-2026.
Qué califica como servicio de exportación
La lista de servicios elegibles es amplia. Comúnmente incluye consultoría gerencial, desarrollo de software y servicios de tecnología, publicidad y mercadeo, servicios financieros y de inversión, investigación y desarrollo, servicios legales y de contabilidad, ingeniería y arquitectura, centros de llamadas, telemedicina, educación y capacitación, y servicios creativos — además de otros servicios que apruebe el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Dos condiciones llevan el peso:
- Los servicios se prestan en Puerto Rico — las personas que realizan el trabajo están en la isla.
- Los servicios se prestan para clientes ubicados fuera de Puerto Rico, y el trabajo no tiene nexo con una industria o negocio de ese cliente en Puerto Rico.
Requisitos de sustancia — esto no es cuestión de un simple buzón
Un decreto describe una operación real. El negocio, por lo general, necesita una oficina bona fide en Puerto Rico y actividad genuina allí, y una vez que el volumen de negocios anual supera los $3 millones, la ley exige al menos un empleado a tiempo completo que sea residente de Puerto Rico. Por debajo de ese umbral no hay un mínimo de empleados fijado por ley, pero la operación en sí igualmente tiene que ser real.
Los propietarios que desean que la exención del 100% sobre dividendos se traduzca en ahorros contributivos personales, por lo general, se mudan y se convierten en residentes bona fide de Puerto Rico bajo la prueba de tres partes del IRS — presencia (por lo general, 183 días), domicilio fiscal (tax home) y conexión más estrecha (closer connection). Esa capa federal se cubre en nuestro resumen de la Act 60.
Cómo funciona el proceso del decreto
- Forme o registre la entidad. Un decreto se emite a un negocio en operación, así que la capa corporativa viene primero — organizar una entidad de Puerto Rico ante el Departamento de Estado, o registrar una entidad existente del territorio continental de EE. UU. para hacer negocios en la isla. Toda entidad registrada necesita un agente residente con una dirección física en Puerto Rico.
- Solicite a través del Single Business Portal. Las solicitudes de decreto se presentan en línea ante el DDEC. Comúnmente se reportan plazos de aprobación de aproximadamente tres a seis meses. Aplican cargos gubernamentales al momento de la solicitud y anualmente.
- Reciba el decreto — un contrato. Una vez otorgado, el decreto opera como un contrato entre el negocio y el Gobierno de Puerto Rico. No puede modificarse unilateralmente, y las enmiendas posteriores a la Act 60, por lo general, no alcanzan los decretos ya emitidos.
- Manténgase en cumplimiento. Los tenedores de decreto presentan un informe anual ante la Oficina de Incentivos del DDEC, mantienen la sustancia requerida y conservan la vigencia legal (good standing) de la propia entidad — incluidas las obligaciones anuales ante el Departamento de Estado que toda entidad de Puerto Rico conlleva.
Dónde encaja InCorp
InCorp se encarga de la infraestructura corporativa que sostiene un decreto: formamos LLC y corporaciones de Puerto Rico, registramos entidades del territorio continental para hacer negocios en la isla y ofrecemos servicio de agente registrado en Puerto Rico desde una oficina local. No preparamos solicitudes de decreto ni ofrecemos asesoría contributiva — la elegibilidad, la estructuración y la estrategia del decreto corresponden a un abogado contributivo o CPA calificado de Puerto Rico.
Este artículo es información educativa general, vigente a julio de 2026, y no constituye asesoría legal ni contributiva. La ley de incentivos de Puerto Rico cambia; verifique los términos vigentes con un profesional contributivo calificado de Puerto Rico antes de actuar.